Por: *Alexander Africano
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Al 14 de febrero de 2026, las pérdidas en el sector comercio del Putumayo 100 , según un informe de la Secretaría de Productividad y Competitividad de la Gobernación. La cifra, por sí sola, ya es grave. Pero lo verdaderamente preocupante no es el número: es lo que representa.
Estamos hablando de una economía de frontera que cumple una función estratégica en la relación binacional, en ó . Cuando un departamento como el Putumayo pierde más de 100 mil millones en semanas, no es un asunto municipal. Es un síntoma de fragilidad estructural.
Y las fragilidades en las fronteras, si no se atienden con inteligencia institucional, escalan.
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El cierre del Puente Internacional San Miguel el 24 de diciembre de 2025 no solo interrumpió el tránsito vehicular. Alteró el equilibrio económico y social de una zona donde la formalidad depende de la conectividad.
En 2024 se registraron 627 trámites formales de mercancías por este paso. En 2025, solo en tres trimestres, las importaciones generaron más de 3.590 millones de pesos en IVA y arancel. Es decir: había institucionalidad, control fiscal, comercio formal y recaudo.
Cuando se cierra un paso formal, el comercio no desaparece. Se transforma. Se desplaza. Se informaliza.
Y en territorios históricamente tensionados por economías ilícitas, cualquier desplazamiento hacia la informalidad no es neutro. Es un factor de riesgo.
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En los municipios directamente impactados como Valle del Guamuez, Orito, San Miguel y Puerto Asís existen 6.603 empresas registradas, el 51,39 % del total departamental. El comercio representa el 15,6 % del PIB del Putumayo, y la afectación directa equivale al 8,17 % del producto interno bruto.
No estamos ante una desaceleración pasajera. Estamos ante un choque económico con capacidad de erosionar la base productiva regional.
El 66 % de los comerciantes de San Miguel reporta pérdidas superiores al 50 % de sus ingresos. Eso significa quiebras inminentes, desempleo y deterioro del consumo local.
, . Se filtra en el empleo juvenil, en el ingreso familiar, en la seguridad comunitaria y en la confianza institucional.
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Putumayo cuenta con 2.096 empresas turísticas en 2025, el 99 % microempresas. El 33,75 (554) de los prestadores turísticos se concentra en el corredor fronterizo.
En 2024 se registraron 18.936 movimientos transfronterizos de personas, de los cuales el 92,87 % fue turismo. Hoy las ventas han caído entre el 40 % y el 70 %.
Habitaciones vacías. Restaurantes sin clientes. Guías turísticos sin ingresos.
Pero el impacto no termina allí. En una reciente encuesta en San Miguel el 96,6 % de los encuestados afirma que el cierre limitó su movilidad el 74 % ha recurrido a pasos no habilitados. El 68,2 % reporta mayor riesgo personal y el 40,9 % reconoce exposición a economías ilegales.
Cuando la institucionalidad se reduce, el riesgo se amplía. Esa es una ecuación que en el Putumayo conocemos demasiado bien.
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El transporte reporta una caída del 49 % en ingresos y del 70 % en despachos diarios. que representa el 35,3 % del PIB departamental registra pérdidas estimadas en 180 millones de pesos diarios, es decir cerca de 10 mil millones en pérdidas.
Si el sector que sostiene buena parte de la estructura económica regional comienza a resentirse, el impacto deja de ser sectorial y se vuelve sistémico.
Putumayo no es una periferia irrelevante. Es una frontera estratégica amazónica, energética y comercial.
Esta columna no pretende tensionar relaciones diplomáticas ni convertir una situación compleja en bandera política. Pero sí pretende decir, con claridad técnica y responsabilidad territorial, que lo que ocurre en esta frontera no puede analizarse como un asunto menor.
á 100 é no son un episodio administrativo. Son una alerta temprana de debilitamiento económico en una región históricamente vulnerable.
Cuando la economía formal retrocede, las alternativas informales avanzan. Cuando la movilidad legal se bloquea, los pasos irregulares se fortalecen. Cuando el comercio regulado cae, la trazabilidad desaparece.
Y cuando eso sucede en una frontera amazónica, el impacto es binacional y, en ciertos aspectos, internacional.
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La reapertura del Puente Internacional San Miguel no debe verse como una concesión. Debe entenderse como una medida de estabilización económica, social y de seguridad.
La frontera no puede convertirse en un vacío prolongado. Porque los vacíos, en territorios como el nuestro, nunca permanecen vacíos.
Putumayo no está pidiendo privilegios. Está exigiendo conectividad, formalidad y presencia institucional. Está defendiendo su economía legal.
Y cuando una frontera defiende su legalidad, está defendiendo la estabilidad del país.
*Consejero de Paz Departamental – Defensor de DDHHMiPutumayo Noticias