Por: *Alexander Africano
La suspensión de la extradición de Willinton Henao Gutiérrez, alias “Mocho Olmedo, ha abierto una conversación nacional sobre ́ . En el fondo, lo que se discute no es una persona ni un grupo armado: se discute la ruta que Colombia quiere tomar hacia una paz duradera, con decisiones que pueden impactar directamente a regiones , , ́ .
Alias “Mocho Olmedo”, vinculado a graves delitos en Colombia y requerido por narcotráfico por la justicia estadounidense, hoy permanece en el país gracias a la Resolución 186 de 2025, que condiciona su no extradición a su participación activa en los diálogos de paz con el Frente 33. Se establece que, si cesa sus aportes, la extradición será retomada.
Este precedente genera un marco de interpretación que podría aplicarse en el futuro a otros casos. , , , surge la pregunta legítima: ¿podria ocurrir lo mismo con alias “Araña” para que siga en la mesa de diálogo? ¿Podría su proceso judicial detenerse si sigue vincula a un proceso de paz?
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Hacer este tipo de comparaciones no busca estigmatizar ni anticipar culpabilidades. Se trata de prever escenarios posibles y pensar desde los territorios cómo deberían manejarse para garantizar verdad, justicia y confianza.
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• Vínculos con estructuras armadas que operan en zonas estratégicas.
• Acusaciones por graves violaciones de derechos humanos y delitos transnacionales.
• Posibles intereses del Estado en que su permanencia en Colombia facilite procesos de paz.
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• En el caso de Mocho Olmedo, existe ya una mesa formal con el Frente 33.
• En el caso de los Comandos de Frontera, aún no hay un proceso de paz estructurado y está “tambaleando”, aunque existen llamados al diálogo desde sectores comunitarios y oficiales.
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Frente a estas realidades, el camino no puede ser improvisado. Colombia necesita decisiones coherentes con el marco legal, con los derechos de las víctimas y con la construcción de una paz legítima. Para lograrlo, se proponen algunos elementos:
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Cualquier suspensión de procesos judiciales como extradiciones debe estar sujeta a verificación independiente, plazos definidos, y aportes reales en desarme, verdad y reparación.
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Los territorios como Putumayo deben contar con espacios formales de seguimiento a estos procesos, incluyendo veeduría ciudadana, representación de víctimas, e informes públicos de avance.
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Las decisiones que involucran a actores armados deben ser explicadas con transparencia. Se requiere pedagogía jurídica y política, especialmente en las regiones afectadas, para no erosionar la confianza institucional.
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Putumayo ha sido duramente golpeado por el conflicto, pero también ha sido un territorio de propuestas. La experiencia acumulada en procesos de reincorporación, sustitución de cultivos y defensa del territorio debe ser escuchada cuando se toman decisiones que, aunque se firmen en Bogotá, se sienten con fuerza en nuestros municipios.
Por eso, desde una mirada propositiva, afirmamos: , ̃ ́ , ́ . Si el Estado decide suspender extradiciones, debe también comprometerse a no suspender los derechos de las víctimas ni las obligaciones del sistema judicial.
El caso Mocho Olmedo ya está en marcha. Pero lo importante ahora es que sirva de referencia para construir mejores marcos jurídicos y políticos en futuros casos, evitando decisiones improvisadas o descontextualizadas.
Si mañana se abre un proceso con otras estructuras —como podría ser con los Comandos de Frontera—, se debe garantizar que no se repitan errores del pasado: que la búsqueda de paz no termine siendo el olvido de quienes han sufrido más.
Desde Putumayo, reafirmamos que la paz debe construirse con dignidad, verdad, institucionalidad y participación real. El camino no será fácil, pero debe ser justo. Esa es la verdadera garantía de una paz duradera.
*Consejero de Paz Departamental- Afiliado al CNP