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A partir de agosto de 2025, Putumayo se prepara para recibir una nueva carga económica que caerá sobre los hombros de su gente: la implementación escalonada de varios peajes a lo largo del departamento. Esta medida, presentada como parte del desarrollo vial, despierta profundas inquietudes sobre sus verdaderos impactos sociales y económicos.
En Condagua (Km 17), entre Mocoa y Villagarzón (metros abajo del CEA), una báscula de pesaje en Villagarzón y el peaje en San Juan de Villalobos (Cauca), los nuevos puntos de cobro marcarán la ruta que recorre un ciudadano desde el Bajo Putumayo hacia Pitalito. Un trayecto que hoy ya enfrenta dificultades por el estado de la vía, la inseguridad y la falta de conectividad, ahora implicará pagar hasta tres peajes en un solo recorrido. El costo de la movilidad se triplica para quienes necesitan trasladarse por razones de salud, educación, trabajo o abastecimiento.
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En una región históricamente excluida y golpeada por el conflicto, imponer nuevos tributos sin una estrategia clara de inversión social y compensación territorial no solo es insensible, sino que profundiza la desigualdad. La medida parece olvidar que el Putumayo aún carece de una infraestructura vial digna, con tramos en mal estado, derrumbes constantes y ausencia de alternativas de transporte seguras.
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- Mayor encarecimiento del costo de vida, ya que el transporte de bienes y alimentos aumentará.
- Impacto negativo en las economías campesinas e indígenas, que dependen del comercio intermunicipal.
- Reducción en la movilidad de los habitantes, que ya enfrentan múltiples barreras para acceder a servicios esenciales.
- Pérdida de confianza institucional al imponer medidas sin una consulta amplia, transparente y participativa.
́ , estas decisiones unilaterales contradicen los esfuerzos por construir un futuro distinto. La infraestructura es necesaria, sí, pero no puede pagarse con el empobrecimiento de quienes han resistido históricamente en los márgenes del desarrollo.
Desde Putumayo al país, exigimos diálogo, transparencia y justicia territorial. La vía no debe ser solo un corredor de mercancías; debe ser también un camino de oportunidades, accesible y justo para quienes habitan este territorio de esperanza.
*CNP Putumayo