: Alexander Africano
Las amenazas contra el gerente de EMPOGUZMÁN, ocurridas el 1 de abril del presente año, no solo representan un riesgo para su seguridad y la de su equipo de trabajo, sino que atentan directamente contra la institucionalidad y la democracia en el municipio de Puerto Guzmán, Putumayo. Cuando un funcionario es elegido legítimamente por los socios de una empresa pública para cumplir un mandato hasta el 31 de diciembre de 2025, cualquier intento de presionarlo para que renuncie es una violación grave a los principios de legalidad y gobernanza.
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En una sociedad que busca consolidar la paz y el respeto por las instituciones, resulta inaceptable que el ejercicio de un cargo público venga acompañado de amenazas y presiones indebidas. Este tipo de situaciones no pueden ser vistas como parte de la cotidianidad política de la región, sino como un problema estructural que debe ser enfrentado con firmeza por las autoridades y la sociedad civil.
Es imperativo que las autoridades locales, departamentales y nacionales atiendan con la urgencia que amerita esta grave denuncia. No se trata solo de un caso individual, sino de la defensa de la legalidad y la seguridad en el ejercicio de la función pública.
Hacemos un llamado directo a ́ , ́ ́ ́ , ́ , y envíen un mensaje contundente de que las amenazas y la violencia no pueden ser el mecanismo para resolver diferencias o imponer decisiones.
Es fundamental que las autoridades competentes investiguen con celeridad estos hechos y adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad del gerente y su equipo de trabajo. No se puede permitir que el miedo y la violencia sean utilizados como herramientas para imponer intereses particulares por encima del bien común.
Asimismo, la comunidad y los socios de EMPOGUZMÁN deben mantenerse vigilantes y denunciar cualquier intento de coacción que pretenda desestabilizar la gestión de una empresa fundamental para el bienestar del municipio.
El gerente de EMPOGUZMÁN ha manifestado su compromiso con la legalidad y la transparencia, dejando claro que no cederá ante presiones ilegítimas. Su postura es un recordatorio de que la fortaleza de las instituciones no depende solo de quienes las dirigen, sino del respaldo ciudadano y del compromiso de las autoridades para hacer valer la ley.
La democracia y la institucionalidad en Putumayo deben ser defendidas con firmeza. Si se permite que las amenazas y la violencia definan el rumbo de las decisiones públicas, se estará cediendo terreno a la ilegalidad y la impunidad. Es momento de que la sociedad y las autoridades actúen en conjunto para garantizar que la justicia y el orden prevalezcan sobre el miedo.
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