Por: Alexander Africano
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El Putumayo es una región que ha vivido en carne propia los estragos del conflicto armado, el abandono estatal y la exclusión social. A lo largo de su historia, ha sido escenario de confrontaciones entre grupos armados, militarización, desplazamiento forzado y crisis humanitarias que han golpeado con más fuerza a las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes.
Sin embargo, también ha sido cuna de resistencias, de lucha por la dignidad y de construcción de paz desde los territorios. A pesar de los esfuerzos de la sociedad civil y de los acuerdos de paz firmados, las deudas del Estado con el Putumayo siguen siendo inmensas.
Hoy, 18 de marzo de 2025, en el marco de la Marcha Nacional de las Reformas, el Putumayo se moviliza no solo para respaldar los cambios sociales propuestos por el Gobierno, sino para exigir que la paz deje de ser un discurso y se convierta en una realidad palpable en la vida de sus habitantes.
El Gobierno del Cambio ha impulsado reformas en sectores clave como la salud, la educación, el trabajo y las pensiones. Pero más allá del debate político, estas reformas tienen una conexión directa con la construcción de paz en Putumayo. ¿Por qué? Porque sin inversión social, sin oportunidades y sin derechos garantizados, la paz es imposible.
Reforma a la salud: En muchas zonas del Putumayo, el acceso a la salud sigue siendo un privilegio y no un derecho. Hospitales sin insumos, largos desplazamientos para recibir atención y la falta de especialistas son realidades que afectan a la población. La paz no es solo dejar de disparar; es también garantizar que un niño indígena no muera por enfermedades prevenibles o que una madre campesina pueda recibir atención digna durante el parto.
Reforma agraria y derechos territoriales: Putumayo es un departamento de vocación agrícola, pero los campesinos siguen enfrentando problemas de acceso a la tierra, créditos y apoyo estatal. La concentración de tierras y la falta de garantías para la producción campesina han sido causas estructurales del conflicto. Sin una reforma agraria que garantice tierra y condiciones dignas para quienes la trabajan, la paz seguirá siendo frágil.
Educación para la paz: La juventud del Putumayo necesita oportunidades. Muchos jóvenes aún ven en la guerra una opción ante la falta de empleo, educación y proyectos de vida dignos. La reforma a la educación y la inversión en universidades públicas como el ITP pueden marcar la diferencia en la construcción de un futuro en el que las armas no sean la única alternativa.
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La paz en Putumayo no ha sido una concesión del Estado ni de los grupos armados; ha sido una construcción desde abajo, impulsada por comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes que han defendido su territorio, su cultura y su derecho a vivir en paz.
Los diálogos de paz con diferentes actores armados han sido un paso importante, pero no pueden quedarse en el papel. Las comunidades han exigido una paz con justicia social, con garantías de derechos y con respeto a sus formas de vida.
La movilización de hoy refleja esa lucha. Indígenas, campesinos, jóvenes, organizaciones sociales y comunidades afrodescendientes están en las calles para recordarle al país que la paz no se decreta desde un escritorio, sino que se construye garantizando condiciones de vida dignas para todos.
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Históricamente, la respuesta del Estado al conflicto en Putumayo ha sido la militarización. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que más armas y soldados no solucionan los problemas estructurales.
El enfoque de seguridad debe cambiar. La inversión social, el fortalecimiento de la justicia, el respeto por los derechos humanos y la generación de oportunidades son las verdaderas estrategias para la seguridad y la paz en el Putumayo.
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La Marcha Nacional de las Reformas no es tan solo un respaldo a un gobierno, sino un grito de exigencia de las comunidades que han sido históricamente olvidadas. En Putumayo, esta movilización es una declaración de que la paz no puede ser un simple discurso; debe materializarse en salud, educación, tierra, empleo y derechos garantizados para todos.
Hoy, las calles de Mocoa y de todo el país son testigos de un pueblo que no se resigna, que no olvida y que sigue luchando por una Colombia donde la paz no sea solo la ausencia de guerra, sino la presencia de justicia social.
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*Consejero de Paz Departamental – Egresado ITP.