Por: *Alexander Africano
Las elecciones atípicas en Putumayo avanzan con un preocupante nivel de abstención. A las 11:44 a. m., por ejemplo en el puesto de votación Ciudad Mocoa, no habían votado más de 850 personas. Para gobernación 259.989 ciudadanos han sido habilitados para sufragar, en su mayoría de votantes masculinos y con las urnas abiertas hasta las 4:00 p. m., la tendencia sugiere una participación baja, posiblemente por debajo del 30 % del total de votantes en el departamento.
Esto deja sobre la mesa una pregunta inevitable: ¿Estamos frente a una crisis de legitimidad democrática en Putumayo?
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Las razones de esta baja participación pueden explicarse desde varios factores:
: La anulación de la elección anterior por doble militancia y la necesidad de convocar elecciones atípicas han generado desconfianza en la institucionalidad. Muchos ciudadanos ven estas elecciones como un trámite burocrático más, sin mayor impacto real en su vida cotidiana.
: Aunque los grupos armados como los Comandos de la Frontera – Ejército Bolivariano (CDF-EB) han asegurado que no interferirán en la jornada electoral, la sensación de miedo y zozobra en varias zonas del departamento puede estar desmotivando a los votantes. La Misión de Observación Electoral (MOE) y la Defensoría del Pueblo han alertado sobre los riesgos de seguridad, lo que podría estar incidiendo en la abstención.
́ : La campaña electoral no logró captar el interés de la ciudadanía. La ausencia de debates profundos sobre los problemas estructurales del departamento —pobreza, cultivos ilícitos, minería ilegal, narcotráfico y abandono estatal— ha hecho que muchos sientan que su voto no cambiará nada.
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Si la tendencia actual se mantiene, la proyección indica que en el puesto Ciudad Mocoa votarían cerca de 1.820 personas al final de la jornada, una cifra alarmantemente baja. Si este patrón se replica en todo el departamento, el nivel de abstención podría superar el 70 %, es decir, menos de 78.000 personas votarían en todo Putumayo.
Este escenario plantea varias consecuencias preocupantes:
Un gobernador electo con baja legitimidad política, debido a que solo contará con el respaldo de una pequeña fracción del electorado.
Mayor desconfianza en las instituciones, lo que agravaría la crisis de representación en el departamento.
Un terreno fértil para el fortalecimiento de economías ilegales y actores armados, que se nutren de la debilidad institucional y la falta de gobernabilidad.
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Con una participación estimada del 30 % del total de votantes, se espera que aproximadamente 77.700 personas acudan a las urnas. Si la tendencia electoral se mantiene y Molina obtiene el 55 % de los votos, su victoria sería con cerca de 42.735 votos.
Mientras tanto, el candidato opcional, con el 45 % restante, alcanzaría alrededor de 34.965 votos.
Si bien estos números proyectan un resultado claro, lo preocupante es la baja legitimidad que tendría el nuevo gobernador, pues habría sido elegido por menos de un tercio de la población habilitada para votar.
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Es fácil culpar al sistema electoral o a los actores políticos, pero lo cierto es que la crisis democrática en Putumayo también tiene raíces profundas:
La abstención no es solo miedo, es también apatía. Muchos ciudadanos sienten que la política no tiene impacto real en su vida cotidiana y han normalizado la idea de que “todo seguirá igual”.
El Estado no ha logrado recuperar la confianza del pueblo. Sin presencia institucional efectiva en salud, educación y empleo, la ciudadanía se aleja de los procesos democráticos porque no los percibe como herramientas de cambio.
Los actores armados y las economías ilegales han reemplazado al Estado en varias zonas, estableciendo sus propias normas y estructuras de control, lo que genera un sistema paralelo de gobernanza que minimiza la importancia del voto.
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Este proceso electoral no solo debe preocupar a los candidatos y a la Registraduría. La baja participación es un síntoma del deterioro democrático en Putumayo y requiere atención inmediata del Alto Comisionado para la Paz y del Gobierno Nacional.
Las alertas de la MOE y la Defensoría del Pueblo sobre los riesgos electorales no pueden ignorarse. Se necesita un pronunciamiento inmediato para:
. Garantizar la seguridad en el proceso electoral y evitar cualquier tipo de presión sobre los votantes.
. Fortalecer la institucionalidad en el departamento, promoviendo programas de educación cívica y participación ciudadana.
. Impulsar un diálogo social real que permita conectar la política con las necesidades reales de la gente.
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Independientemente del resultado electoral, el verdadero reto comienza después del 23 de febrero. Si el próximo gobernador asume su cargo con una participación históricamente baja, tendrá una responsabilidad aún mayor para reconstruir la confianza de la ciudadanía y demostrar que el voto sigue siendo un mecanismo de transformación social.
De lo contrario, Putumayo seguirá atrapado en un círculo vicioso donde la política se percibe como inútil, la ilegalidad crece y la democracia se debilita aún más.
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