Por: * Alexander Africano
El pasado 9 de julio, durante la primera sesión del Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia del Putumayo, ocurrió algo que, en medio del ruido político nacional, merece ser destacado. No fue una reunión para defender un gobierno ni para atacar a otro. Fue un espacio donde diferentes sectores coincidieron en una idea sencilla, pero profundamente poderosa: ́ .
Ese mensaje quedó plasmado en la Carta Abierta dirigida al Gobierno Nacional saliente y entrante, a las instituciones del Estado, a la comunidad internacional y al pueblo colombiano, en la que el Consejo expresó su preocupación por el clima de polarización que acompaña la transición presidencial y llamó a respetar la Constitución, la democracia y las instituciones, recordando que las diferencias deben resolverse mediante el diálogo y nunca por caminos que pongan en riesgo la estabilidad del país.
Quienes vivimos en el Putumayo sabemos que hablar de paz no es una teoría ni un discurso. Aquí la guerra dejó cicatrices profundas. Aquí hubo desplazamientos, confinamientos, secuestros, minas antipersonal, asesinatos y comunidades enteras que aprendieron a convivir con el miedo. Por eso, cuando desde este territorio se habla de proteger la paz, no se hace por ingenuidad. Se hace desde la experiencia de quienes conocen el costo humano de la violencia.
́ ́ ́ . Todo gobierno elegido democráticamente tiene esa facultad. Lo que sí se planteó fue una preocupación legítima: que cualquier cambio en las estrategias nacionales no termine debilitando los procesos de construcción de paz que han permitido disminuir riesgos para las comunidades y abrir espacios de diálogo en los territorios.
Uno de los temas que generó mayor reflexión fue la situación de las personas que hoy participan en procesos de diálogo de paz en la zona de Betania, en el municipio de Valle del Guamuez. ́ , ́ , evitando decisiones que puedan incrementar los riesgos para quienes habitan esa región.
Pero la reunión fue mucho más allá. También se insistió en fortalecer el Observatorio Departamental de Derechos Humanos, hacer seguimiento permanente a las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, ́ ́ ́ , ́ ́ , .
Estas propuestas no buscan reemplazar la autoridad del Estado ni limitar la acción legítima de la Fuerza Pública. Buscan algo mucho más simple y, al mismo tiempo, más difícil: que las decisiones sobre seguridad tengan siempre como prioridad la protección de la población civil, el respeto por los derechos humanos y la presencia integral del Estado.
Hay una frase de la carta que resume el espíritu de todo lo discutido ese día: “ ́ . ́ ́ .”
Esa afirmación debería convertirse en un compromiso nacional. La paz no puede comenzar cada cuatro años ni terminar cuando cambia un presidente. Debe ser una política de Estado, sostenida en el tiempo, capaz de sobrevivir a las diferencias ideológicas y a las coyunturas electorales.
El Putumayo necesita seguridad. Nadie lo discute. Necesita combatir a quienes siguen sembrando miedo, fortaleciendo economías ilegales y vulnerando los derechos de las comunidades. Pero también necesita que la seguridad camine de la mano con la justicia, la inversión social, la protección de los líderes, el fortalecimiento institucional y el respeto por la diversidad cultural de un departamento donde conviven pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, campesinos y víctimas del conflicto armado.
Quizá esa sea la mayor enseñanza que dejó el Consejo Departamental de Paz. En tiempos de polarización, ́ , ́ .
Ojalá ese ejemplo trascienda las fronteras del Putumayo. Porque cuando la paz deja de ser una bandera partidista y se convierte en una causa común, no gana un gobierno ni una oposición. Gana Colombia.
* Consejero de Paz Departamental, defensor de DDHH.