Por: *Alexander Africano
Cuando el exgobernador Carlos Marroquín bautizó al ASAI como el “ ”, no exageraba: este fruto amazónico se convirtió en la promesa de desarrollo sostenible, en la narrativa de un futuro donde el bosque podía ser la fábrica viva de bienestar.
De hecho, en sus redes sociales como gobernador en su momento llegó a afirmar que “el asaí se proyectaba como uno de los grandes tesoros del Putumayo, destacándose no solo por su valor nutricional, sino también como un motor de desarrollo sostenible y preservación de la biodiversidad, ́ “+ ́ – ”.
Sin embargo, hoy ese “oro morado” aparece ensombrecido por un viejo fantasma nacional: las presuntas irregularidades en la contratación pública.
El contrato investigado por la ́ ́ ($ . . . ) destinados a sistemas agroforestales sostenible debería representar una apuesta visionaria para transformar la economía local. Pero la paradoja es evidente: mientras en el papel se busca sembrar confianza en el futuro, en la práctica se siembran dudas sobre la legalidad, la transparencia y la moralidad administrativa.
En Colombia, la figura de la licitación pública debería garantizar igualdad, competencia real y planeación rigurosa. Sin embargo, lo que ahora se señala es exactamente lo contrario: desconocimiento de requisitos, falta de vigilancia y una aparente inclinación a favorecer intereses particulares.
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Lo ocurrido en Putumayo no puede leerse como una anécdota local. Es, en cambio, un espejo de las tensiones entre el discurso del desarrollo sostenible y la fragilidad institucional. Mientras los recursos del Estado sigan siendo vistos como botín y no como inversión, las comunidades que deberían beneficiarse quedarán atrapadas en la frustración.
La investigación de la Procuraduría es necesaria, pero llega también como recordatorio de que el problema no está solo en sancionar después, sino en prevenir antes. El control real debería ejercerse en la etapa de planeación y adjudicación, no cuando el daño ya es probable o irreversible.
El verdadero costo de estos procesos no se mide únicamente en pesos. Es también la erosión de la confianza ciudadana. Para los campesinos, indígenas y productores que ven en el asaí una alternativa digna frente a economías ilegales o extractivistas, este tipo de escándalos equivale a decirles que ni siquiera el futuro que se les promete puede escapar a la corrupción.
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El “oro morado” sigue siendo un símbolo de esperanza para Putumayo, pero esa esperanza está en riesgo de mancharse con sospechas de irregularidad. La pregunta incómoda es: ¿cuántos proyectos más de desarrollo sostenible tendrán que pasar primero por el banquillo disciplinario antes de convertirse en realidades tangibles?
Porque en Colombia, más que falta de recursos, lo que a menudo falta es voluntad de blindar lo público de intereses oscuros. Y sin esa voluntad, ́ ́ .
¿Cuántos proyectos más de desarrollo sostenible tendrán que pasar primero por el banquillo disciplinario antes de convertirse en realidades tangibles en Putumayo?
*Consejero de Paz – Afiliado al CNP Putumayo