Por: *Alexander Africano
El fallo judicial que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado de manipulación de testigos y fraude procesal, no solo tiene consecuencias jurídicas. En regiones como Putumayo, este hecho cuestiona una arquitectura de poder que, durante décadas, legitimó el autoritarismo, la militarización del territorio y el silenciamiento de las víctimas.
Uribe representó un modelo de control territorial basado en la “seguridad democrática”, el señalamiento a líderes sociales y la estigmatización de cualquier pensamiento disidente. Este modelo tuvo una penetración significativa en zonas estratégicas como Putumayo, por su ubicación geopolítica, su rol en el conflicto y su riqueza natural.
́
En las elecciones presidenciales de 2022, Putumayo dio un giro histórico: el progresismo obtuvo una victoria contundente, reflejo de un cambio en la conciencia política colectiva. Petro no solo ganó, sino que arrasó en zonas que antes habían sido fuertemente influenciadas por el uribismo o partidos tradicionales.
Este comportamiento electoral no fue accidental: es la respuesta acumulada de comunidades cansadas del abandono, el clientelismo, la corrupción y la criminalización de lo social. Fue también una señal de que Putumayo quiere un nuevo contrato político, donde se escuche la voz del territorio.
Este fallo refuerza lo que una mayoría ya intuía o sabía: que los entramados de poder en Colombia no han sido neutrales ni democráticos, y que el país necesita una reforma profunda de su modelo de justicia, verdad y seguridad.
¿ ́ ?
Este fallo puede polarizar aún más el panorama político nacional, pero también puede abrir una oportunidad para que en Putumayo emerjan liderazgos más honestos, legítimos y conectados con las luchas históricas de las comunidades.
Las fuerzas políticas, debilitadas tras este golpe simbólico, intentarán reagruparse apelando al miedo, la desinformación o el discurso de “persecución política”.
Sin embargo, si el movimiento social, las juventudes, los líderes sociales, indígenas, campesinos y afros articulan una narrativa territorial de paz, verdad y derechos, podrán consolidar una agenda transformadora rumbo al 2026 para que nuevas voces asuman el protagonismo político del Putumayo, desde una visión más ética, territorial y coherente con las demandas ciudadanas.
́ ́ :
Consolidar liderazgos jóvenes, femeninos, indígenas, campesinos y afros con vocación de servicio y no de poder.
Apostar por una política centrada en los derechos, la paz territorial, la transición energética, el agua, el ambiente y la vida.
Exigir justicia por las múltiples formas de violencia ejercidas contra líderes, comunidades y víctimas en el departamento.
¿ ́ ?
Aunque el fallo no es una condena definitiva, su impacto político ya está en marcha. Los sectores que se identifican con la “mano dura” se están replegando, reorganizando y victimizando. En ese panorama, Putumayo no puede ser indiferente.
Se avecina un reacomodo de fuerzas políticas. Quienes hoy pretenden representar un “centro” deben asumir con claridad de qué lado de la historia quieren estar: con las comunidades o con quienes por años alimentaron el miedo, la exclusión y la impunidad.
́ :
Putumayo, podría ser el laboratorio de un nuevo país ya que tiene lo que muchas regiones han perdido: memoria viva, dignidad resistente y liderazgo en construcción. Esta coyuntura judicial es más que una noticia nacional: es una alerta y una oportunidad.
Los nuevos liderazgos tienen la tarea de no repetir los errores del pasado, de no heredar las prácticas de la vieja política, y de comprometerse con un proyecto colectivo de poder ético, transparente y con sentido de territorio.
El reto es transformar la indignación en propuesta, la memoria en poder social, y el territorio en un laboratorio real de paz, dignidad y democracia popular.
́ , .
*Consejero de Paz Departamental – Afiliado al CNP