Por: *Alexander Africano
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El reciente desalojo de los comerciantes ambulantes en la Av. Colombia y San Francisco pone sobre la mesa una vieja discusión: el derecho al espacio público versus el derecho al trabajo. Si bien es cierto que las autoridades deben garantizar el orden en las ciudades, ¿ “ ” , ́ , ?
Las imágenes de mujeres y hombres viendo cómo su única fuente de sustento es decomisada resultan indignantes. No porque la Alcaldía esté actuando fuera de la ley, sino porque una administración que recurre a la fuerza antes que al diálogo demuestra su incapacidad para gobernar con justicia social.
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El problema de la venta informal no se soluciona con operativos represivos. Se necesitan estrategias reales de inclusión económica. ¿ ́ ́ ́ ? ¿ ́ ́ ? ¿ ̃ ?
Este no es solo un problema de espacio público; es una cuestión de pobreza y desigualdad. Putumayo, y en particular Mocoa, enfrenta un alarmante índice de desempleo. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Mocoa se ha ubicado entre las ciudades con mayor desocupación del país, con una tasa de desempleo del 26,8% en 2023, muy por encima del promedio nacional del 10%. A esto se suma que el índice de pobreza multidimensional en Putumayo alcanzó el 20,8%, lo que refleja las limitadas oportunidades laborales y la precariedad económica de la región, según datos publicados por Cambio Colombia.
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Pero hay un elemento aún más preocupante: la mayoría de los vendedores ambulantes desalojados son mujeres cabeza de hogar. Son madres que, ante la falta de empleo formal y el abandono estatal, no tienen otra opción que salir a las calles para alimentar a sus hijos. Estas mujeres no están allí por gusto, sino porque el sistema no les ha dejado otra alternativa. Quitarles su fuente de ingreso sin ofrecerles soluciones es condenarlas a una mayor precariedad, y con ellas, a sus familias.
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Lo que resulta más contradictorio es que, mientras la Alcaldía ejecuta operativos rigurosos contra los vendedores ambulantes, muchos establecimientos comerciales en la capital del Putumayo operan sin cumplir el 100% de los requisitos de ley. No es un secreto que hay negocios sin los permisos adecuados, sin cumplir normativas sanitarias o evadiendo impuestos, pero que siguen funcionando sin mayores inconvenientes. Esto demuestra una aplicación selectiva de la norma, donde los más vulnerables son los primeros en ser castigados, mientras otros operan con cierta permisividad.
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Por otro lado, la problemática de la venta informal no se limita a la Av. Colombia y San Francisco. Basta con mirar el Parque General Santander, donde la proliferación de vendedores ambulantes es evidente. Este fenómeno no es producto de la desidia de estas personas, sino de la falta de alternativas reales para su sustento. Si bien es cierto que el parque es un espacio público que debe estar regulado, ¿ ́ ́ ? Hasta ahora, parece que la única respuesta ha sido la represión y la indiferencia.
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Criminalizar a quienes buscan sobrevivir en una economía que no les ofrece oportunidades no solo es miope, sino profundamente inhumano. Si la administración local quiere resolver este problema de manera estructural, debe empezar por tratar a estas personas como ciudadanos con derechos y no como obstáculos en la vía pública.
Porque al final, la pregunta no es si los vendedores deben estar o no en la calle. La verdadera pregunta es: ¿ ́ ́ ?
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