: Alexander Africano*
La promesa de la en Colombia enfrenta desafíos significativos en regiones como Putumayo, donde la violencia y la presencia de grupos armados ilegales siguen afectando gravemente a las comunidades locales. A pocos días de las elecciones atípicas programadas para el 23 de febrero de 2025, destinadas a elegir al gobernador del departamento y al alcalde de Puerto Guzmán, la situación de seguridad es alarmante.
El reciente secuestro de ́ , un joven de 36 años retenido al parecer el pasado 15 de febrero en la vereda Caño Avena, municipio de Puerto Guzmán, es un claro ejemplo de la vulnerabilidad que enfrentan los habitantes de la región. A pesar de los desesperados llamados de su familia, difundidos ampliamente en redes sociales, las autoridades y organismos humanitarios han guardado un preocupante silencio.
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Uno de los silencios más inquietantes es el de la Defensoría del Pueblo, entidad encargada de velar por los derechos humanos y servir como enlace entre las víctimas y el Estado. Hasta la fecha, no ha habido un pronunciamiento claro sobre la desaparición de Yamid Pérez, ni se ha ofrecido acompañamiento a su familia. La ausencia de la Defensoría en una situación tan delicada como esta no solo deja en el desamparo a quienes sufren, sino que también envía un mensaje preocupante: en Putumayo, la protección de los derechos fundamentales sigue siendo una promesa incumplida.
Este no es un caso aislado. En regiones donde los grupos armados ilegales ejercen un control significativo, las denuncias de desapariciones forzadas, reclutamiento de menores y desplazamientos son constantes. Sin embargo, la respuesta institucional es mínima o nula. ́ ́ , ¿ ́ ̃ ?.
El silencio no solo proviene de la Defensoría del Pueblo, aunque es posible que estén desarrollado un trabajo silencioso ¿Por temor?. La Gobernación encargada y otras entidades tampoco han dado declaraciones sobre este hecho. A pocos días de las elecciones atípicas, este vacío institucional deja en duda las garantías de seguridad para los votantes y para la población en general.
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La crisis de seguridad en Putumayo no solo se debe a la presencia de un grupo armado ilegal, sino a una disputa territorial en la que la población civil queda en medio del fuego cruzado. En la región se intensifican las confrontaciones entre los Comandos de la Frontera y las disidencias de las FARC, específicamente el Frente Raúl Reyes y el Frente Carolina Ramírez.
Estos frentes, que forman parte de estructuras disidentes de las FARC, buscan consolidar su poder en zonas estratégicas para el narcotráfico, el control de rutas y la extorsión a campesinos e indígenas. Las comunidades rurales quedan atrapadas en una guerra ajena, donde los actores armados se disputan el territorio sin importar el impacto sobre la población civil.
En los límites entre Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo, se habla de varias familias que han quedado confinadas, sin poder salir de sus veredas por temor a enfrentamientos entre estos grupos. En la zona entre Puerto Caicedo y Puerto Asís, han circulado similares denuncias sobre nuevas retenciones y personas desaparecidas.
La situación es crítica: campesinos e indígenas son víctimas del reclutamiento forzado, amenazas, asesinatos selectivos y desplazamientos masivos. La presencia del Estado es prácticamente nula, y los grupos armados ilegales imponen su ley mediante la violencia.
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Pero no solo las autoridades han guardado silencio. La ciudadanía también parece haber caído en la indiferencia o el miedo. Mientras el conflicto se intensifica y las vidas de campesinos e indígenas están en riesgo, pareciera que la prioridad de muchos es quién ganará las elecciones entre los cuatro candidatos en disputa, en lugar de exigir garantías para la vida y la seguridad.
Sin embargo, este silencio no necesariamente es indiferencia. En Putumayo, el miedo ha sido impuesto como norma. La gente sabe que hablar demasiado o denunciar públicamente puede convertirlos en objetivos de los grupos armados. El miedo a represalias es real y justificado.
El problema es que este miedo ha llevado a la resignación, a una especie de normalización de la violencia donde la gente sigue con su vida, con sus elecciones, con sus preocupaciones cotidianas, mientras a su alrededor desaparecen personas y se consolidan estructuras criminales. ́ , .
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Históricamente, la Iglesia ha jugado un papel clave en la defensa de los derechos humanos en regiones afectadas por el conflicto armado. Sin embargo, en Putumayo, su voz ha sido prácticamente inexistente ante la violencia actual.
En otras épocas, sacerdotes y líderes religiosos denunciaban públicamente las atrocidades cometidas por los actores armados, servían de mediadores y protegían a las comunidades más vulnerables. Hoy, ese rol parece haberse diluido. El miedo, la presión o quizá la falta de voluntad han llevado a la Iglesia a un segundo plano, mientras el conflicto sigue cobrando vidas.
El silencio eclesiástico es especialmente preocupante porque la Iglesia aún conserva influencia en muchas comunidades. Su ausencia en este momento crítico deja un vacío moral y social que debilita aún más a quienes buscan justicia y protección.
La Paz Total no puede ser un mero eslogan político. Requiere de un compromiso real y acciones contundentes para desarticular a los grupos armados ilegales, garantizar la seguridad de las comunidades y responder de manera efectiva ante situaciones que vulneran los derechos humanos.
El silencio de la Defensoría del Pueblo, la Gobernación y el Gobierno Nacional no solo deja en el abandono a la familia de Yamid Pérez, sino que también fortalece a quienes buscan mantener el control mediante el miedo y la violencia.
Pero también es momento de que la ciudadanía despierte y deje de ser espectadora de su propio sufrimiento. ́ . .
La paz no se decreta desde Bogotá: se construye con hechos en los territorios. Mientras tanto, en Putumayo, la incertidumbre y el miedo siguen reinando, y la Paz Total parece, una vez más, un sueño lejano.
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